El personal administrativo, los docentes, el equipo de apoyo y otros funcionarios en una institución educativa son los encargados de la seguridad y deben velar porque exista una sana convivencia entre los diferentes actores que intervienen en el proceso, es decir, esto es una función inherente al cargo, por lo que es importante que en su actuación generen oportunidades de desarrollo sin exclusión y sepan realizar un abordaje oportuno de situaciones de riesgo. Dichas acciones han sido estandarizadas y dadas a conocer debidamente al personal de los centros educativos. La capacitación no garantiza el cumplimiento, pero proporciona el conocimiento mínimo de estas medidas que deben cumplirse por la obligación jurídica y brinda la sensibilización necesaria para entender que un mal manejo de una situación puede acabar en tragedia. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública ha girado orientaciones técnicas en el marco de la actuación en situaciones de violencia, discriminación, existencia de armas o drogas, además de ideación suicida y embarazo adolescente. El material que da a conocer cómo enfrentar estas amenazas es de fácil acceso para toda persona que ingrese a la página del Ministerio. En la transformación de los contextos se han ido revisando y reformulando para volverlos más prácticos y comprensibles. Este recurso tan importante no puede quedarse como un documento que se archiva física o digitalmente y tampoco se puede asumir, a pesar de los esfuerzos por darlos a conocer, que el personal tiene la suficiente preparación para garantizar su eficacia. Por ello esta investigación ofrece un diagnóstico de la noción que tienen los funcionarios del MEP de las implicaciones legales y de la forma de proceder según proponen los Protocolos de Actuación en Seguridad, para suscitar una reflexión sobre si se está preparado o no para abordar las diversas situaciones y proponer estrategias que solucionen dicha carencia.
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